Iniciativa
LOS ACUERDOS DE DORAL
Un marco de cinco puntos para el entendimiento nacional
Primera revisión editorial para discusión · Agosto de 2026
Una propuesta venezolana para bajar la tensión, ayudar a la gente ahora, reconstruir instituciones en las que podamos confiar y abrir un camino pacífico y constitucional.
Los Acuerdos de Doral son una iniciativa cívica venezolana con una idea que los guía: la representación real.
Toda fuerza política venezolana, sin excepción, debe tener un asiento real y una voz real en la mesa, no una simbólica. Sobre esa base, los Acuerdos invitan a los principales sectores del país a ser honestos sobre lo serio de este momento y a ponerse de acuerdo en cinco compromisos prácticos.
La idea es sencilla: cambiar la incertidumbre y la confrontación por reglas claras, ayuda inmediata para las familias y un camino que el propio pueblo venezolano decida. El pueblo venezolano es soberano de principio a fin: cada decisión le pertenece, y el único fin de los Acuerdos es el bienestar del pueblo venezolano.
Alcance
Estos Acuerdos abarcan solo los cinco compromisos de abajo. Cualquier otra cosa sobre el futuro de Venezuela le corresponde al pueblo venezolano y al proceso constitucional que pueda venir después, no a este documento.
El marco
Los cinco compromisos
Un nuevo Consejo Nacional Electoral
Las partes acuerdan nombrar, de forma legal, un Consejo Nacional Electoral (CNE) nuevo, independiente y creíble. Su tarea es organizar elecciones y consultas en las que los venezolanos puedan confiar, con auditorías completas y observadores serios, dentro y fuera del país.
Un Tribunal Supremo de Justicia renovado
Las partes acuerdan renovar, de forma legal, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que el país tenga un tribunal independiente que proteja los derechos, haga valer la Constitución y le dé a todos una seguridad jurídica básica.
Liberación inmediata de los presos políticos
Las personas detenidas por razones políticas quedan libres, mediante un proceso claro que observadores independientes puedan verificar. Es un paso humanitario urgente y la primera señal real de que el país escoge la paz por encima de la revancha.
Una Asamblea Nacional Constituyente autorizada por el pueblo
Las partes apoyan un voto directo en el que los venezolanos decidan si convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), conforme a los artículos 347 y 348 de la Constitución venezolana. Sus reglas, garantías, poderes y límites se ponen sobre la mesa antes del voto.
Coparticipación de los Estados Unidos: el fondo de alivio GO Card
Si se llega a un acuerdo viable, y solo si tanto el gobierno como la oposición se suman a los Acuerdos de Doral, los Estados Unidos firmarían y autorizarían de inmediato un fondo de alivio, como gesto de buena voluntad hacia el pueblo venezolano: el GO Card. Pone dinero directamente en las manos de la gente: cincuenta dólares al mes durante doce meses, para ocho millones de venezolanos, pagado con recursos venezolanos legalmente disponibles, sin costo para el contribuyente estadounidense y administrado de forma independiente y con auditorías completas. Si las partes venezolanas no llegan a un acuerdo, los fondos no se liberan.
La secuencia
Cómo funcionaría el camino propuesto
Si las partes llegan a un acuerdo, los Acuerdos se firman en octubre de 2026. A partir de ahí, cada paso avanza con reglas escritas claras, fechas públicas, verificaciones independientes y la autoridad que exigen la ley venezolana y la de los Estados Unidos.
El pueblo decide si se empieza
La iniciativa para convocar la ANC la impulsan votantes que representen al menos el 15% del cuerpo electoral, conforme al artículo 348 de la Constitución. Sus firmas las recoge y verifica el CNE. La iniciativa popular avanza solo si el pueblo está de acuerdo.
Los venezolanos votan para elegir a los delegados
Una vez que el CNE certifica el número de firmas requerido, hay que convocar una elección. Los delegados a la ANC se eligen por voto universal, directo, secreto y plural, bajo las reglas ya aprobadas por el CNE.
La ANC dicta un Estatuto Constitucional para la Transición
Los delegados electos aprueban un Estatuto Constitucional para la Transición (ECT), que fija la base constitucional y legal para nombrar una Junta de Gobierno de Transición (JGT), encabezada por un presidente y un gabinete de seis. Conforme al ECT, la JGT asume de forma legal y temporal las funciones ejecutivas del país mientras se redacta la nueva Constitución. Trabaja dentro del proceso constituyente, con poderes limitados, control público, una fecha de término fija y sin poder para prorrogar su propio mandato. El ECT fija una fecha cierta para las elecciones generales.
La ANC redacta y presenta la Constitución
La ANC discute y redacta la nueva Constitución en el menor tiempo responsable posible. Toda corriente política y social importante debe tener voz, y el trabajo debe ser público, ordenado y pacífico. La meta es presentarle al pueblo la propuesta terminada a más tardar en noviembre de 2027.
El pueblo vota sí o no
Apenas se presenta, los venezolanos votan para aprobar o rechazar la Constitución propuesta. Solo un sí del pueblo la pone en vigor. Si dicen que no, se mantiene la Constitución actual.
Se convocan elecciones generales bajo la nueva Constitución
Se convocan elecciones generales para la primera parte de 2028. Los venezolanos eligen al Presidente, al nuevo cuerpo legislativo que crea la Constitución, a los gobernadores, a los alcaldes y a los representantes locales que ella establezca. La JGT entrega el poder a las nuevas autoridades ejecutivas electas, que toman posesión y juran ante el nuevo cuerpo legislativo electo.
Coexistencia pacífica durante todo el proceso
Los Acuerdos le piden a cada sector democrático participar sin miedo a un castigo colectivo ni a la revancha política. A nadie se le pide renunciar a su historia ni a sus creencias. A todos se les pide aceptar las mismas reglas, rechazar la violencia, respetar el voto y dejar que el futuro de Venezuela se decida en paz.
Por qué importa la secuencia
Venezuela necesita ayuda ya, pero el alivio por sí solo no va a resolver la crisis.
El país también necesita instituciones en las que la gente pueda confiar, una autoridad constitucional clara y una manera pacífica de resolver las diferencias. A medida que esas condiciones se afiancen, las familias están más seguras, la vida diaria se estabiliza y la inversión seria puede volver con más confianza.
Las fechas de este documento son metas para negociar, no afirmaciones de que alguien ya las aceptó. El calendario final, los instrumentos legales y las responsabilidades tienen que acordarlos las partes y revisarlos abogados venezolanos y estadounidenses calificados.
Venezuela no necesita otra promesa.
Necesita un camino que la gente pueda entender y en el que pueda confiar.
¡Gloria al bravo pueblo!